En su mañanera del pasado miércoles 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que decidió hablar con los cinco ministros de la Suprema Corte, luego de que un grupo de senadores de oposición interpusieron una controversia constitucional argumentando que la reforma propuesta por él y aprobada por sus legisladores viola el artículo 21 de la Constitución Política, que define a la Guardia Nacional (GN) como un cuerpo civil bajo el mando también civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como se acordó en 2019 cuando, que la GN reemplazara a la Policía Federal.
A pesar de que fue un amplio consenso entre los legisladores de todos los partidos políticos, en septiembre de 2022, el presidente publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el cual se establecía que la Secretaría de la Defensa Nacional podía ejercer control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Ahora un cuerpo de seguridad creado originalmente para ser civil, estaba quedando ya bajo mando militar.
“Entonces meten el recurso para declarar inconstitucional y dije, ahora sí, esto es importantísimo. Y hablo con cinco (ministros), con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba (Arturo Zaldívar), uno por uno, no saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, actuando chueco”, mencionó el presidente. Con dos no pude. No me dijeron que no ahí, de manera muy hipócrita. Pero eran cuatro los que se necesitaban. Nos quedamos con tres. Y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa.
Pero ¿cuál fue el argumento de López Obrador para decretar ese acto violatorio de la Constitución a pesar de que se comprometió a respetarla en su toma de posesión como presidente, y por qué decidió “conversar para persuadir” amablemente a los ministros de la Corte? Según él porque está muy preocupado por tratarse “de la seguridad del pueblo”, de la seguridad pública de los mexicanos.
Después de conocer el estudio “La guerra de los números” del periódico digital Infobae, que durante los primeros cinco años de este gobierno, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadama, en México se han registrado 151 mil 836 homicidios dolosos, superando con mucho los 78 mil que se presentaron en el período de Felipe Calderón y los 99 mil durante el gobierno de Peña Nieto, ¿quién le cree a López Obrador, que está preocupado por la seguridad de los mexicanos?
Y ¿Quién le cree al presidente que está preocupado por la seguridad de los mexicanos, si además de los más de 600 mil mexicanos muertos por la pandemia y falta de medicamentos en clínicas y hospitales, ahora tenemos sobre nosotros la pandemia de las masacres del crimen organizado protegido y alentado directamente desde el poder de la República?
Felicito a todos los Ministros que como buenos mexicanos, conscientes de los riesgos que implica defender la democracia y los derechos de todos los mexicanos, desde el Poder Judicial han actuado con independencia, valentía, a pesar de haber sido propuestos “de una u otra manera” por el Ejecutivo, resistiendo las amenazas de quien ostenta al máximo poder de la República, de manera especial a la Ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte y Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, a diferencia de los ministros chairos y sumisos, Arturo Zaldívar, Loreta Ortiz y la fotocopiadora Yasmín Esquivel.
Ser presidente de México, titular del Poder Ejecutivo, jefe de Estado y de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas no le da derecho a López Obrador ni a ningún otro presidente, presionar y amenazar para someter a los otros poderes para saciar sus intereses personales y de partido al afirmar: “hablé uno por uno porque ya venían actuando mal, ya venían actuando chueco”. Si tiene pruebas de sus dichos que las presente a las instancias legales correspondientes o se someta como cualquier ciudadano a las leyes y a la democracia. La desafortunada declaración de AMLO es una clara y cínica revelación de amenaza contra los Ministros. ¿Quién le cree al presidente?