El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta a su homólogo Joseph Biden a fin de tratar el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a organizaciones de oposición en el país, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En conferencia de prensa matutina mencionó que este caso es público desde hace tiempo en México, pero se formalizará en ese país a partir de la misiva, que informará al presidente Biden las circunstancias y efectos del hecho que atenta contra la soberanía nacional.
“Estoy seguro que él no está informado de esta situación porque pueden estar diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México cuando es exactamente lo opuesto. Es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios, pero además es una fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país”, argumentó.
El mandatario detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abordará el tema en una nota diplomática porque “consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país”.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, presentó un reporte de los ingresos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, asociación civil creada el 26 de noviembre de 2015, que recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América en México entre el 29 de agosto de 2018 y el 23 de enero de 2024.
El organismo emisor de las transferencias financieras es Financial Service Center y fueron facturadas por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a nombre de la entidad U.S. Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
Estas operaciones comenzaron justo después de las elecciones presidenciales de julio de 2018, jornada en la que resultó ganador el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que el Congreso de la Unión, por decisión del pueblo, fue integrado mayoritariamente por legisladores del movimiento de transformación. Antes de esta fecha, no se originó el subsidio del gobierno norteamericano.
Desde otras cuentas de Estados Unidos, el organismo no gubernamental recibió recursos mediante nueve operaciones de seis fundaciones por un total de 13 millones 17 mil 951 pesos entre 2017 y 2023.
Adicionalmente obtuvo entre 2018 y 2020 un millón 615 mil 75 pesos, procedente de Reino Unido, a través de National Endowment for Democracy, organización creada por el Congreso de Estados Unidos para financiar lo que ese gobierno considera movimientos a favor de la democracia. Existe otra aportación de 425 mil 481 pesos en 2017, sin embargo, no está disponible el nombre del donante, que también reside en Reino Unido.
Los ingresos totales que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reporta desde 2015 hasta 2023 acumulan 502 mil 588 millones de pesos. La organización tiene como apoderados legales a Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez.
“Los mexicanos y mexicanas estamos obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros, recibir donaciones, ¿es o no equivalente a prestar cierta clase de servicios o estar bajo la supervisión de gobiernos extranjeros? Una pregunta que hay que responder también, vamos viendo qué sale, porque no es esta la única organización que se dedica a cosas para las cuales no fue constituida, pero recibe cantidades importantes, de empresas importantes, grandes, poderosas y del gobierno más poderoso del mundo también”, expuso.
Presidente propone reformas para evitar subsidio del erario a asociaciones
El jefe del Ejecutivo anunció que la Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada por Grisel Galeano García, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), revisarán la legalidad de los donativos recibidos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y si estos se ajustan a las normas actuales.
Planteó que el Gobierno de la Cuarta Transformación todavía puede presentar iniciativas de ley enfocadas al financiamiento público indirecto a asociaciones civiles sin fines de lucro.
“Todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos, que no llegan a la Hacienda Pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos sino que cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos se está dando un uso indebido al presupuesto y eso lo tenemos que revisar”, afirmó.
Dentro del territorio nacional, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 299 millones 29 mil 62 pesos a través de 2 mil 230 operaciones de personas morales mexicanas, entre fundaciones y grandes empresas. En cuanto a personas físicas, obtuvo 39 millones 218 mil 293 pesos, informó el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez.
Los donativos, de acuerdo con la ley mexicana vigente, son objeto de deducción dentro de los efectos fiscales en declaraciones de empresas e individuos. Esta medida no es un subsidio del gobierno en turno sino del Estado mexicano, sin embargo, estas organizaciones no informan a la sociedad ni al gobierno sobre sus ingresos y gastos a pesar de que reciben recursos de la sociedad, explicó.
Las asociaciones sin fines de lucro “reciben donativos que son deducibles de impuestos, o sea, son recursos públicos y de esa forma obtienen un virtual subsidio público”.
El funcionario sostuvo que las leyes vigentes no establecen obligaciones relacionadas con la transparencia en estas asociaciones no gubernamentales, por lo que planteó la necesidad de analizar este asunto que afecta a la Hacienda Pública.
Aclaró que el Gobierno de México no está en contra del derecho a participar en la vida política del país sino de los mecanismos opacos de financiamiento dentro de organizaciones civiles que sirven para propósitos diferentes a los establecidos en sus propios estatutos.
“Es un asunto de orden público. Desde el momento en que el Estado mexicano financia de manera indirecta a esas ONGs que facturan sobre la base de que el donador puede deducir de sus impuestos el dinero que donó, desde ese momento, son entidades de interés público aunque la Constitución no los haya declarado, pero sí la ley de hecho está haciendo una declaración de que estas ONGs son entidades de interés público porque reciben ventaja, reciben canonjía, reciben un estatus especial de parte del Estado nacional mexicano y así hay que tratar las cosas”, apuntó.
“Estamos hablando de la monopolización por las estructuras creadas en la economía, que se refleja en la vida social y afecta derechos humanos de la generalidad de las personas. Ese es el punto”, agregó.