Mucho se ha dicho ya sobre el tema de la inseguridad, pero no son ganas de descalificar al gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador por algún interés mezquino. Es una cruda y dolorosa realidad que ha empeorado desde 2018, en que ganó la elección, gracias al voto de más de 30 millones de mexicanos que querían un cambio, que ha salido contraproducente con los más de 130 mil muertos en lo que va de su sexenio.
De acuerdo con información divulgada a los medios de comunicación de los más de cuatro millones de documentos obtenidos de los archivos de las Fuerzas Armadas de México, por los hackeadores autollamado Guacamaya Leaks, que han venido entregando a los medios de comunicación, se revela que nuestro país está poblado de cárteles. En el 72% del territorio hay presencia de alguna célula criminal con más de 80 grupos del crimen organizado y alrededor de 16 bandas criminales ubicadas principalmente en Hidalgo, con una expansión notable del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los últimos dos años.
Según esta fuente, de los 2 mil 446 municipios de México, por lo menos en mil 58 hay uno o varios grupos del crimen organizado, lo que significa que en el 72% del territorio mexicano hay presencia de alguno de los cárteles, banda o célula criminal, y más de 80 organizaciones y 16 bandas delictivas, reportadas entre 2017 y 2022 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como 419 nombres asociados a la delincuencia.
En los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México y Tamaulipas los grupos de narcotráfico se han repartido todo el territorio, mientras que en otros se están fortaleciendo los grupos delictivos dedicados al robo de combustible y tráfico de migrantes, como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas.
Un elemento que destaca en los informes de inteligencia de la Sedena, es el amplio despliegue del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que este tiene presencia en el 20 por ciento de los municipios de México y, a diferencia de los demás grupos delictivos, ha generado alianzas que lo han llevado a estar presente en casi todas las regiones del país.
Aunque los reportes están fechados entre 2020 y 2022, desde 2017 el gobierno federal tiene identificado a este cártel como el generador de violencia en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsión, en entidades como Quintana Roo y San Luis Potosí, haciendo a un lado del control a organizaciones delictivas como el Cártel del Golfo, los Zetas y al Cártel del Noroeste.
Lo anterior significa que sólo 30% del territorio mexicano sería catalogado como «zona libre» de la presencia de las bandas criminales. Los espías castrenses calculan que hay más de 80 organizaciones y 16 bandas criminales en el país, según lo reportaron a sus superiores en sus partes a través de correos electrónicos entre 2017 y 2022.
Y no es casual que las diez entidades con mayor índice de criminalidad por el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes son: Colima, Zacatecas, Baja California, Sonora, Morelos, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Quintana Roo, ocho de ellos gobernados por morenistas, donde se ha evidenciado la negociación con los grupos delincuenciales por motivos electorales.
Ciertamente, los grupos criminales han existido desde hace muchos años y se han ido desarrollando y consolidando durante los gobiernos anteriores, pero lo que sí es una realidad es que la política de los abrazos no balazos, de tratar de convencer a los delincuentes de lo ilegal de sus actos a través de “sus mamacitas”, de la negociación abierta a de impunidad por razones políticas, es evidente durante el gobierno morenista.
Los millones de mexicanos que votaron por Morena querían un cambio, pero no para empeorar. Hemos llegado al límite y por el bien de nuestras familias y de nuestro pueblo no podemos seguir tolerando tanta violencia, tanta impunidad y tanta mentira, por lo que urge retomar el rumbo hacia un país más seguro y menos demagogo.