Decidí de última hora, cambiar el tema de mi columna porque creo que la gran mayoría de los mexicanos, aunque no todos lo reconozcan, sabemos que hablar de la encuesta para elegir a la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, precandidata a la Presidencia de la República por Morena y portadora de la tontería del “bastón de mando”, estaba cantado. No fue más que una farsa diseñada por el artífice y especialista en las artes manipulatorias, trampas y maniobras, Andrés Manuel López Obrador, pagada obviamente con recursos públicos, ya que el pobrecillo, por lo regular solo porta 200 pesos en su cartera.
La supuesta encuesta en que participaron, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, en realidad fue como el conocido truco de “sacar un conejo de la chistera”. El asunto estaba visto, fue un burdo montaje entre los contendientes, incluido el posible refugio de Marcelo Ebrard, en el partido comparsa del presidente, Movimiento Ciudadano (MC), para dividir a la oposición agrupada en el Frente Amplio por México, y lograr el triunfo en favor de Morena y de Sheinbaum. Por eso, repito, decidí ocupar mi columna para expresar mi opinión sobre el grave abuso, otro más del gobierno de la 4T, ahora contra los estudiantes de maestría y doctorado, por orden del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), que supuestamente dirige la morenista María Elena Álvarez-Buylla.
Dicho recorte de becas de postgrado afectó a 104 universidades, colegios e instituciones de educación superior públicas, entre ellas, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, Universidad Autónomo de Coahuila, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Iberoaericana, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas Puebla, entre muchas otras.
De acuerdo con investigación realizada por el medio digital, Animal Político, los 2 mil 942 posgrados que conforman el Sistema Nacional de Posgrados, fueron clasificados en cuatro categorías: dos de ellas, con 128 posgrados, no son consideradas elegibles para becas debido a que se imparten en instituciones privadas, y de los 2 mil 814 que se imparten en instituciones públicas, sólo 542, el 18.4 por ciento son considerados prioritarios para recibir beca del Conahcyt, supuestamente por estar orientados a la investigación, resultando más afectados por el recorte, los posgrados encaminados a las ciencias sociales, ingeniería y administración.
Del resto, de los 2 mil 272 posgrados, los más afectados, 38 posgrados corresponden al área de la salud, 52 a la protección y mejoramiento del ambiente, 50 corresponden a ingenierías y tecnologías, 77 al arte y las humanidades, 9 al arte y cultura, 48 a las ciencias sociales, 15 a la educación y 5 a la administración, siendo estos los más afectados, pues según Conahcyt, están en proceso de revisión.
¿Cuál es el motivo de los recortes de las becas? A diferencia de las anteriores explicaciones del presidente López Obrador, para desaparecer todos los programas de educación y salud, obras de infraestructura, fideicomisos, etcétera, no puede decir que hay corrupción, moches, piquetes de ojo, “porque les muerde la puerta el dedo”, puesto que ahora son ellos los que manejan el presupuesto de los mexicanos. La explicación a mi juicio, es que, como dice el dicho popular, “el que nada sabe, nada teme”: a la gran ignorancia de los integrantes del gabinete morenista en correspondencia con el presidente, para entender la importancia del desarrollo científico y tecnológico, y como consecuencia, la falta de disposición a incrementar el gasto en estos rubros, seguramente para utilizarlo en las campañas políticas de sus corcholatas.
Felicito por eso a estudiantes de posgrado de todas las universidades del país, y de manera especial a la Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Teresa García Gasca, por defender los intereses de la comunidad universitaria y a los más de 200 estudiantes del posgrado perjudicados, por defender sus derechos a través de protestas públicas y de un amparo colectivo interpuesto contra los nuevos lineamientos de la Ley General de Ciencias y Tecnologías del Conahcyt, con las que la institución perdería 23 programas de posgrado y los alumnos no podrán solicitar becas a través del Conahcyt.