La Constitución Política de nuestro país establece claramente que las Fuerzas Armadas de México son el conjunto de instituciones militares, constituidas legalmente para garantizar la soberanía, integridad territorial, independencia y seguridad interior. En ninguna parte de esta ley fundamental establece otra cosa. Sin embargo, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, las Fuerzas Armadas no sólo han aumentado su presencia en las calles, también se han convertido en empresarios exitosos.
Por decreto presidencial, con los argumentos de que las grandes obras de infraestructura creadas por este gobierno con recursos de todos los mexicanos son asuntos de interés público y “seguridad nacional”, y que las Fuerzas Armadas es una institución incorruptible y que con ello se evitarán futuras privatizaciones, pasan a ser propiedad de una nueva empresa cuya totalidad de las acciones serán del Ejército.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, S.A. de C.V. es una de las seis empresas de participación estatal mayoritaria que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agrupa en un consorcio llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca- Maya-Mexica, S.A. de C.V.
Según un estudio realizado por la organización civil México, ¿Cómo Vamos? Este grupo militar tiene un valor en activos de por lo menos 305 mil 677 millones de pesos y entre sus activos también se cuenta la administración de tres aeropuertos en los estados de Chiapas y de Quintana Roo, además de la ruta de mil 500 kilómetros de vías del Tren Maya en cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.
En los últimos días López Obrador anunció la creación de otra empresa militar en la Marina para controlar los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, en Sonora donde también se construirá una planta de licuefacción de 3,000 millones de dólares de inversión.
Para México, ¿Cómo vamos? Conocer las entrañas administrativas, jurídicas y financieras del consorcio empresarial es una tarea improbable puesto que, para realizar su trabajo periodístico, para conocer el proceso de integración del nuevo grupo aeroportuario y ferroviario, a pesar de que hicieron 54 solicitudes de información pública, la Sedena declaró la «inexistencia de la información» en cada una de las solicitudes.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, México camina en sentido contrario a la tendencia mundial de revertir agencias militares hacia poderes civiles con controles democráticos sólidos. «La idea de que son incorruptibles es falsa. No existe ninguna institución pública que sea incorruptible», señala.
Para el especialista anticorrupción ceder facultades civiles al Ejército no es deseable; sin embargo, una vez que esto es un hecho, se requiere implementar controles democráticos que obliguen a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas, como atender sus obligaciones de transparencia, informar sobre el diseño de sus órganos internos de control y su consejo consultivo, así como realizar comparecencias públicas.
Bohórquez considera que el gobierno federal aprovecha la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas para poner un blindaje que permita ocultar las operaciones del grupo empresarial.
Ciertamente, el porcentaje de confianza de los mexicanos hacia las fuerzas Armadas ronda el 80 por ciento, pero si el mismo presidente López Obrador, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y sus familiares han sido “cachados” recibiendo bolsas con “aportaciones” para su movimiento, ¿quién garantiza a los mexicanos que los militares son incorruptibles?
La propuesta de los legisladores de Morena que hoy se discute en el Senado, respaldada por la dirigencia del priismo, al parecer chantajeado por actos de corrupción en los gobiernos de los estados, consiste en en legalizar las tareas de la Marina y el Ejército en asuntos de seguridad pública supuestamente hasta 2026, pero, y cuando eso pase y las fuerzas Armadas tengan que regresar a los cuarteles, ¿qué pasará con las empresas administradas por ellos? El cuento sigue…