Es de sobra conocido que el Movimiento Antorchista, desde su nacimiento, ha sido la organización que sin ser gobierno, con lucha y grandes esfuerzos, ha logrado importantes beneficios en favor de las clases más desprotegidas de nuestro país, procurando una más justa distribución de la riqueza producida por todos.
Nuestro trabajo está enmarcado en los artículos octavo y noveno de la Constitución, que señalan que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de petición, que a toda petición debe darse una respuesta por escrito en breve, y de asociarse o reunirse para presentar una protesta por algún acto de autoridad si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas.
En el estado de Querétaro, igual que en todas las entidades del país, se habla de que la soberanía y el poder emanan del pueblo, que el pueblo es el que manda y que el gobierno está para servir a la gente, y para garantizar la paz y el progreso, que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos y las leyes son se aplican para todos por igual, los más demagógos agregan que hay política de puertas abiertas, y se mantiene el diálogo y el respeto, etcétera.
Pero todos sabemos que esto, a pesar de que así está establecido en la Constitución, es letra muerta; en la realidad ocurre todo lo contrario. Quienes nos gobiernan tienen la idea de que el poder les pertenece y que el pueblo los debe respetar y temer en forma absoluta; que todo ejercicio del derecho de manifestación y de protesta es un desafío, y por tanto, lejos de respetar y atender tal derecho, se debe imponer y someter a la gente que los eligió, por los medios a que haya lugar.
Por razones ideológicas e intereses de quienes gobiernan, siempre buscan maniobrar y “matizar” la ley para aplicar la suya propia. Un ejemplo: desde hace años un numeroso grupo de campesinos decidió organizarse en el Movimiento Antorchista queretano para reiniciar las gestiones ante la CEA, pues, a pesar de que desde 2006 les prometieron obras de electificación, caminos, escuelas y agua potable en sus respetivos pueblos a cambio de autorizar que el agua de sus manantiales se llevara a la capital, todo quedó en promesas, nada han cumplido.
Reiteradamente hemos solicitado diálogo con el gobernador y con la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, con el mismo resultado. La decisión está tomada. Fue así como después de una vida sin agua y sin ninguna posibilidad de contar con el vital líquido, se instaló un plantón frente al palacio de gobierno. En lugar de sensibilidad y solución, se ordenó a los diputados panistas legalizar el negocio de agua con políticos desarrolladores.
Hasta ahora, en los últimos dos años, qué obras importantes se han hecho durante el sexenio del señor gobernador del estado y de los presidentes municipales, aparte de la vialidad de 5 de febrero? Según mi nada autorizada opinión, muy poco o casi nada. Igualmente, ¿qué obras importantes han hecho los presidentes municipales durante los últimos dos años? Nada, tampoco, que no sean negocios personales.
Todos, en lugar de obras, con el argumento de que están combatiendo la pobreza y llegar al siguiente nivel, se han dedicado repartir miles de despensas, tinacos sin agua y calentadores solares entre la población, y por alguna misteriosa razón que todos nos imaginamos, en los muy escasos lugares donde se hacen pequeños empedrados de calles o “huellas” de 100 metros de longitud con costos de hasta 400 mil pesos, en caminos de algunas comunidades, en lugar de permitir que las hagan la propia gente, para hacer mejor sus propias obras y les alcance el pequeño apoyo para más, se las otorgan directamente a sus amigos constructores.
Pero eso es apenas un detalle que pasa en todos los municipios del Estado y de manera especial en Cadereyta de Montes, donde por esa misma razón, contratan en renta hasta el alumbrado público, incluidos postes y luminarias, y las patrullas de la policía. Así se explica cómo estos pobres y humildes políticos repiten en sus campañas, estar muy preocupados por servir al pueblo. ¡No pues sí!