Cristina Rosas Illescas
En un estado que se conoce como próspero y en desarrollo, las deficiencias también van juntas, van de la mano, en forma lineal, no se separan a menos que la parte más próspera supere a su contraparte. Viene esta reflexión porque en uno de los diarios de circulación nacional, El Economista, de febrero de 2023, destaca en su sección de estados, que en Querétaro hay un déficit de entre 30 mil a 40 mil viviendas económicas.
Según el medio, este dato fue proporcionado por el empresario, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), en Querétaro José Guerrero Renaud. “El valor de una vivienda económica, oscila entre 1.3 y 1.5 millones de pesos”, es el precio que tienen que pagar los trabajadores que cuentan con créditos hipotecarios disponibles para adquirir una vivienda en la entidad, declaró.
Guerrero Renaud, adelantó en ese entonces que en Querétaro se alistaba un programa para desarrollar unidades habitacionales con un costo inferior al millón de pesos. Programa que se anunciaría a través del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), en el que estaría involucrado el gobernador del estado y la Legislatura en turno, contemplando las zonas de los municipios de Querétaro, el Marqués, Corregidora, San Juan del Río y Pedro Escobedo, dónde hay disponibilidad de tierra y dónde se están colocando los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit).
Cabe preguntar ¿es este programa la solución al problema de la vivienda en el estado?, ¿Cuántas familias quedan excluidas para acceder a estos créditos? ¿Cuántas familias pueden pagar viviendas de un millón de pesos o más? ¿Y los queretanos que por su condición económica busquen otra alternativa para conseguirla, lo lograrán o tendrán ante sí el férreo y constante bloqueo de las autoridades municipales y estatales para realizar cualquier trámite para conseguir vivienda barata, como sucede? La encargada de responder a estas preguntas es la propia realidad.
En la entidad, la organización social o civil que represente a la población de bajos recursos económicos, sector que no está dentro de la lista de trabajadores que cotizan y no tienen posibilidad alguna para acceder a un crédito, a pesar de que tengan necesidad de una vivienda, que viven rentando, en cuartos prestados o hacinados, con familiares, es mal vista y hay que callar sus peticiones por revoltosos, porque son mal ejemplo para otras familias que tienen el mismo problema.
Por un lado las grandes empresas desarrolladoras, con todo el apoyo de los gobiernos estatales o municipales, quienes por alguna razón las protegen jurídicamente, modificando la ley de asentamientos humanos y concediéndoles los cambios de uso de suelos que necesiten y con todos los permisos para acceder a todos los servicios públicos, y por el otro, la población que carece de una vivienda digna.
Hasta ahora no se han concretado las mencionadas unidades habitacionales “baratas”, que según el IVEQ, están planeadas para realizarse en el segundo trimestre de este año 2024, las cuáles, de hacerse habría que revisar el tamaño, la calidad de los materiales de construcción y el costo del crédito, pues hay quienes nunca terminan de pagar, o terminan por venderlas, ya que entre más abonan, más crece su deuda.
Pero lo que sí se sabe es que mientras la población pobre carece de un lote barato para edificar su vivienda, en los municipios más importantes como Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora, crecen como hongos, desmesuradamente la vivienda de alto costo, con todos los servicios de lujo, que carecen las viviendas de las colonias populares y que las autoridades les niegan los servicios públicos elementales por estar consideradas como irregulares.
No obstante, como ya lo estamos viendo, en tiempos electorales son las más visitadas por los políticos, para arrancarles a como dé lugar, con cualquier mentira y promesa, su INE y su voto.