Es de sobra conocido que el Movimiento Antorchista, desde su nacimiento ha sido con mucho la organización que sin ser gobierno, con lucha y grandes esfuerzos, más beneficios ha logrado para las clases más desprotegidas, procurando una más justa distribución de la riqueza producida por todos.
Nuestro trabajo está enmarcado en los artículos octavo y noveno de la Constitución, que señalan que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de petición, que a toda petición debe darse una respuesta por escrito en breve, y de asociarse o reunirse para presentar una protesta por algún acto de autoridad si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas.
Sin embargo, aunque no es la única entidad, Querétaro se cuece aparte. Se habla de que la soberanía y el poder emanan del pueblo, que el gobierno está para servir a la gente y garantizar la paz y el bienestar, que hay política de puertas abiertas, y se mantiene el diálogo y el respeto a la ley.
Pero eso es sólo en la forma, para proyectar la imagen de sensibilidad ante la ciudadanía. La realidad es otra. Quienes gobiernan tienen la idea de que el poder les pertenece y que el pueblo los debe respetar y temer en forma absoluta; que todo ejercicio del derecho de manifestación y de protesta es un desafío, y por tanto, lejos de respetar y atender tal derecho, se debe imponer y sofocar por los medios a que haya lugar.
Por razones ideológicas e intereses de quienes gobiernan, siempre se busca maniobrar y “matizar” la ley para aplicar la suya propia. Ejemplo: desde hace años un numeroso grupo de campesinos decidió organizarse en el Movimiento Antorchista queretano y reiniciar las gestiones ante la CEA, pues, a pesar de que desde 2006 les prometieron obras de electrificación, caminos, escuelas y agua potable en sus respetivos pueblos a cambio de autorizar que el agua de sus manantiales se llevara a la capital, todo quedó en promesas.
Así, en una relación de respeto, se retomaron las gestiones ante los funcionarios de la Comisión de Aguas. Se hicieron recorridos en los pueblos cercanos a la cabecera municipal y de las delegaciones, El Doctor, La Esperanza, Maconí y Vizarrón. Todo marchaba bien hasta la llegada del actual gobierno estatal y los nuevos funcionarios de la CEA; en lugar de diálogo hubo negativas argumentando falta de recursos, y ninguna respuesta concreta de cómo y cuándo se cumplirían los viejos y nuevos acuerdos firmados. Son otros tiempos, fue la respuesta.
La incertidumbre y desesperación orilló a los campesinos a tomar una decisión: suspender como medida de presión, el sistema de bombeo desde las instalaciones del Acueducto II, o solicitar nuevamente y de manera respetuosa la intervención del Gobernador Mauricio Kuri. La dirigencia de Antorcha aconsejó la segunda salida. Es mejor el diálogo y la razón.
Repetidamente solicitamos diálogo con el gobernador y con la secretaria Murguía, con el mismo resultado. La decisión estaba tomada. Fue así como después de una vida sin agua y sin ninguna posibilidad de contar con el vital líquido, se instaló un plantón frente al palacio de gobierno. En lugar de sensibilidad y solución, se ordenó a los diputados panistas legalizar el negocio de agua con desarrolladores y políticos.
Además, el Estado, conculcando la constitución al eliminar la libertad de organización de los campesinos, molestos por tener que resolver contra su voluntad, al estilo de la 4T, decidió que uno de los cuatro proyectos acordados; la entrega de una parcela para la reubicación de 243 familias será para la gente que ellos y el alcalde, Miguel Martínez (que por cierto, tiene agua de sobra en sus viñedos) quieran. Antorcha Campesina no mediará, “se hará de manera directa para garantizar el suministro de agua para las familias”, dijo la Secretaria. Nomás le faltó decir: “sin intermediarios”.
A los campesinos de Maconí tierra es lo que les sobra, exigen agua. Pero ¿qué ley autoriza al panismo a hacer lo que le venga en gana? ¿Qué ley establece que sólo los panistas tienen derecho a organizarse? ¿Si los poderosos tienen derecho a organizarse y a aliarse para vivir del pobre, por qué a estos se le niega el mismo derecho para defenderse? En Querétaro gobierna el autoritarismo y la intolerancia al estilo de Garrido Patrón. Ojalá no les vaya igual.