Adán Márquez Vicente
Como ya es costumbre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, versados en el manejo de otros datos, pareciera que ignoran olímpicamente los problemas serios que enfrenta cotidianamente la inmensa mayoría de los mexicanos. A la Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por la maestra Leticia Ramírez Amaya, al parecer solo le interesan las declaraciones triunfalistas más recientes como el nuevo marco curricular y el plan de estudios, acompañados por los confusos libros de textos; así lo han venido demostrando desde que estaba la anterior titular de la SEP al anunciar la desaparición de las “Escuelas de Tiempo Completo” por “La Escuela Es Nuestra” o las universidades “Benito Juárez” que hasta el momento tienen serios problemas.
La SEP, siguiendo la comparsa presidencial, no se pronunció ni tomó medidas serias cuando el CONEVAL publicó los datos de la Medición de la pobreza 2016-2022 en donde informó que, en 2022, 11.6% de la población nacional entre 3 y 17 años presentaban rezago educativo, pasaron de 3.7 millones a 3.8 millones, la actitud de la SEP ha sido pasiva. El pasado 02 de octubre, el periódico “El Universal” publicó un artículo resaltando la falta de infraestructura de calidad en las escuelas mexicanas; según el INEGI el 97% de las escuelas de educación básica en todo el país tienen carencias de infraestructura, falta de núcleos sanitarios, de agua, drenaje, energía eléctrica, internet, telefonía, problemas estructurales, techos, ventanas y puertas en mal estado, mobiliarios insuficientes o en condiciones de deterioro que los hacen inutilizables.
Pero hay más, de acuerdo con mejor educación (2022): durante el ciclo escolar 2020-2021 solo el 61.7% de las primarias y 65.5% de las secundarias del país contaban con los 4 servicios básicos (electricidad, agua potable, lavamanos y sanitarios). En esa misma condición se encontró al 62.8% de los planteles de educación media superior. Es decir, una tercera parte de los centros de educación en sus tres niveles carece al menos de un servicio indispensable para una adecuada operación.
Ante este grave problema, que empeoró durante la pandemia, la SEP y el gobierno de la cuarta transformación no han ejecutado acciones y políticas reales para contrarrestar la situación que aqueja a las niñas, niños, y jóvenes que asisten a las escuelas mexicanas, en sus manos está por ejemplo, un mecanismo que podría corregir el rumbo, asignar un mayor presupuesto para equipar, construir y mejorar toda la infraestructura educativa, así como una buena suma para las cuestiones de enseñanza y aprendizaje y hasta para un mejor pago para los maestros frente a grupo.
¿Qué ha pasado con el presupuesto en materia educativa? Como pasaba con los gobiernos anteriores y ahora con la 4T, en el paquete económico que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con venia presidencial, es evidente que es un presupuesto descaradamente electoral, le asignan grandes sumas de dinero a los programas asistenciales que solo atenúan la pobreza pero que son programas que garantizan la coacción de votos (viejas prácticas del PRI y hasta del PAN); porque en el próximo año habrá elecciones y tienen que asegurar el poder.
En materia educativa, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económica y Presupuestaria (CIEP): “pese a que el gasto en educación presentaría un incremento de 2.7%, estos recursos alcanzarían cifras mínimas como proporción del PIB y del gasto total desde 2016. El 85.5% del incremento se centra en pago de nómina, previsiones salariales, apoyo administrativo y en servicios de educación básica para la CDMX, dejando de lado la educación inicial y la incorporación de nuevas tecnologías.
Los recursos de los programas emblemáticos de la actual administración: Becas Universales; Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN); y Universidades para el Bienestar, no presentan cambios significativos. Además, se mantiene una brecha presupuestaria de 0.81 puntos del PIB respecto a la recomendación internacional de destinar entre 4 – 6 % del PIB en educación.”.
Ante este contexto, en definitiva, no se vislumbra alguna posibilidad de que exista una verdadera garantía para elevar la calidad educativa, ni siquiera para tener las condiciones educativas mínimas para una formación académica adecuada. De acuerdo con la proyección presupuestaria del gobierno federal para 2024 que pretende atender lo que electoralmente conviene será necesario organizarnos, por lo menos desde el nivel secundaria hasta los universitarios, tenemos que unir fuerzas, urge que el Estado garantice una educación crítica, científica y popular con cobertura y calidad académica necesarias para salir de la crisis educativa en la que encuentra sumido nuestro país. ¡Tenemos que alzar la voz, tenemos que exigir, luchar y arrancarle al gobierno lo que por ley nos corresponde! No hay de otra.