Desde hace varios meses, a pesar de la gran recesión que azota la economía de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus partidarios no han dejado de insistir en tener más recursos para el gasto de sus inviables mega proyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía, la modernización de refinerías y construcción del proyecto Dos Bocas, el Tren Maya y la rehabilitación de una planta de fertilizantes, entre algunos otros, así como para sus programas sociales destinados especialmente a los sectores más vulnerables como personas de la tercera edad y jóvenes, que consideran manipulables para continuar con el poder absoluto en la elección de 2021, como hasta ahora.
Como lo prometió el coordinador de la bancada morenista en el Congreso de la Unión, Mario Delgado, al no lograr el consenso cuando acordaron desaparecer los 109 fideicomisos por 300 mil millones de pesos que afectaron al Conacyt, Fonden, Fidecine, Cinvestav y Fonca, su partido insistiría ahora por medio de una iniciativa para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda tener a su disposición los poco más de 101 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar destinados para gastos catastróficos, es decir, para la atención de personas vulnerables, que no cuentan con seguro social y que padecen enfermedades como niños o mujeres con cáncer o VIH, con el argumento de utilizarlos para el combate del coronavirus provocado por el Covid-19.
Y sí, hace apenas unos días la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a pesar de la resistencia de los diputados de oposición, aprobó por mayoría, la reforma al artículo 77 bis fracciones XIX y XXIX de la Ley General de Salud que permitirá al gobierno federal, disponer ahora de 33 mil millones de pesos más del Fondo de Salud del Insabi, para utilizarlos en la compra de vacunas para supuestamente enfrentar la pandemia. Con 29 votos de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM, se aceptó la propuesta del morenista Iván Pérez Negrón a pesar de haber sido cuestionada por los seis representantes de los partidos, PAN, PRI, PRD y MC, porque no especifican el destino de esos recursos.
Sin embargo, a pesar de que un representante de este último partido, MC, propuso a la secretaría técnica de la comisión de presupuesto que, al acuerdo de disponer de los recursos, se agregara un documento donde se especifique el destino de estos 33 mil millones de pesos bajo custodia del Insabi, para evitar que como es costumbre, sean utilizados para otros fines por la tesorería de la federación, y que en un futuro sean reintegrados al fondo de Salud.
La justificación documentada que exigen los diputados de oposición no es gratuita, obedece a que los “anticorruptos” del partido del presidente López Obrador, el pasado 29 de octubre fueron evidenciados nada más y nada menos que por la propia Auditoría Superior de Fiscalización por su deficiente diseño de las reglas de operación y falta de vigilancia precisamente a este Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Allí quedó claro, por ejemplo, que de 10 millones 667 mil pesos que se aplicaron en 2019 de este Fondo, no acreditaron su aplicación, lo que significa que en el mejor de los casos, se gastaron en otros rubros. Es decir que mientras López Obrador y su partido gritan, “¡al ladrón!”, acusando a los gobiernos anteriores, ellos aprovechan la confusión para desviar los recursos resultado de los impuestos de los trabajadores mexicanos.
¿Por qué el gobierno morenista se niega a especificar con claridad en qué se van a gastar estos recursos? El acuerdo dice que son para emprender acciones para fortalecer las acciones de salud. Pero, ¿cuáles? El presidente dice es que le urge tener dinero para financiar la compra de la vacuna contra el Covid-19, pero el proyecto de PEF 2021 no incluye ninguna partida por 33 mil millones de pesos para eso. ¿Conociendo a los morenistas, quién nos asegura que los recursos del fondo de salud no se usen para continuar su campaña política y de confrontación? Son lo mismo, ¡no tienen llenadera!