Procesos judiciales y encarcelamientos por motivos políticos

El primero de enero del 2023 inicia formalmente la campaña para los procesos electorales, en dos entidades de las más importantes por el número de votantes y por el peso económico y político que representan, el Estado de México y Coahuila, y posteriormente la elección de 2024 para elegir al próximo presidente de la República. Obviamente el partido en el poder, MORENA, a toda costa aprovecha su situación privilegiada para dar golpes espectaculares a los otros partidos, que le compiten, pues de perder, todo su “Proyecto de Transformación” se vendría abajo en un tris.

Eso explica el por qué de la acción emprendida por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex procurador, Jesús Murillo Karan, autor de lo que llamó “Verdad histórica”, vinculado a proceso por presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

En el informe que rindió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, se concluye que la verdad histórica se construyó de testimonios obtenidos a base de torturas y de una presunta llamada que reportó un incendio en el poblado de Cocula, por lo que la FGR anunció que hay liberadas 83 órdenes de aprehensión contra otros funcionarios involucrados en el caso.

López Obrador, al no cumplir la promesa a los familiares que realizaron mítines, marchas, encuentros en las Cámaras de Diputados y Senadores y al no encontrarlos, con, o sín vida, como les prometió, después de cuatro años de haberles sacado provecho político durante sus campañas, montó todo un teatro en Palacio Nacional para recibirlos e informarles, previo su trabajo especializado de manipulación, que su gobierno ejercerá acción penal contra el exfuncionario, valiéndose de la argucia, de la prisión preventiva justificada.

Y el morenismo lo festeja; Manuel Vázquez Arellano, uno de los sobrevivientes del ataque en septiembre de 2014 y diputado federal por Morena pidió todo el peso de la ley contra quien consideró, fue el “causante del dolor de muchas familias”, Jesús Murillo Karam. Mario Delgado expresó: “se avanza en el compromiso con la verdad en el caso”. Cítlalli Hernández, secretaria general de Morena, acuso: “el PRI encubrió las acciones del ex procurador”, y el sórdido diputado, Fernández Noroña, del PT sarcástico, dijo, “no es un preso político, es un político preso”. Y AMLO, sin escrúpulos y especialista en demagógia y manipulación, remató para tratar de convencer a los mexicanos, “no perseguimos a nadie”.

Si realmente se pretende hacer justicia a los estudiantes desaparecidos, no se debería utilizar las detenciones en los procesos electorales, y menos para hacer campaña política como se hizo con Rosario Robles, para justificar su falsa “lucha anticorrupción”, quien por cierto fue liberada horas después de la detención de Murillo Karan, al cambiar el juez las medidas cautelares, por lo que su proceso penal lo continuará en libertad. López Obrador, aunque ya muy pocos le creen porque es lo mismo y más, dice buscar la justicia contra todo acto de corrupción, pero está muy lejos de aplicarla sin sacar beneficio electoral para su proyecto.

A los acontecimientos violentos registrados en varias entidades de la República en días pasados con cerca de 200 muertos; la incapacidad del gobierno de AMLO para rescatar a los 10 mineros atrapados sin medidas de seguridad, en la mina de carbón, en Coahuila, que le vendía su producción a la CFE de Manuel Bartlet, la escandalosa persecución contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Baca, sobre quien por venganza pesa una orden de aprehensión, una vez que culmine su fuero constitucional, se le suma la utilización de los inocentes padres de los normalistas, con motivos políticos, violando los derechos constitucionales de presunción de inocencia, el encarcelamiento y vinculación a proceso del ex procurador Jesús Murillo Karam. La persecución mediático-judicial y el desastre total, son el sello distintivo de la 4T.

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