Mientras los campesinos, dueños del agua, que aprobaron que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) se trajera el agua de sus manantiales para venderla en la capital y municipios conurbados, ellos la tienen que buscar en pequeños pozos para beber y su uso domestico.
La CEA les niega y politiza este derecho humano, y los diputados de la LX legislatura, los representantes del pueblo (PAN, Querétaro Independiente y otros), amenazan con legalizar su privatización.